Por: Pastor Virviescas Gómez/Especial para El Espectador
El exministro Manuel Rodríguez ‘canta la jugada’ de lo que ocurrirá con la licencia ambiental pedida por la firma canadiense Greystar, cuyos réditos ya están en las cuentas del Gobierno, dice.
“No entiendo por qué estamos aquí. Y no lo entiendo porque el Código Minero excluye a los páramos de toda explotación. Entonces me parece que estamos en una situación absurda creada por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, que aceptó, en forma que me parece condenable, la solicitud de una licencia ambiental por parte de la empresa canadiense Greystar”.
Con esta categórica afirmación inicia su argumentación el ex ministro de Medio Ambiente y ex director del Inderena Manuel Rodríguez Becerra, quien realiza un pormenorizado análisis del impacto que tendría una eventual aprobación a la extracción de oro, plata y otros minerales en el Páramo de Santurbán por parte de la multinacional Greystar.
Advirtiendo que en su opinión Greystar “está en su derecho de explotar el Proyecto Santurbán” y que esta empresa “está buscando una oportunidad de negocio” como cualquier empresa privada, insiste en que “lo que es condenable es que el Estado, que es el garante de nuestros derechos, haya cometido la aberración de permitir que en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente se hubiera aceptado la consideración de un estudio de impacto ambiental, cuando el Código Minero que se aprobó el año pasado es muy explícito en establecer que aquellas empresas que no tengan licencia ambiental para operar, el hecho de que tengan título minero no les confiere ningún derecho”.
Sus señalamientos apuntan directamente a los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y enfatiza: “No tienen ningún derecho los cientos de títulos mineros que irresponsablemente y en forma inexplicable entregó Ingeominas en diferentes páramos y parques nacionales del país”.
“Mal podía considerar el Ministerio del Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental presentado por la Greystar y haberlo recibido siquiera. Entonces seamos claros de dónde están las responsabilidades. No me parece poner en la palestra a los representantes de la Greystar como responsables de una acción en la que muchos de ustedes están en desacuerdo y es que se explote una mina de oro y plata en el Páramo de Santurbán; el gran responsable es el Gobierno Nacional. En concreto, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue quien recibió el estudio de impacto ambiental y naturalmente el actual gobierno de Juan Manuel Santos sigue con esa responsabilidad”, declara Rodríguez Becerra.
Apunta también al debilitamiento profundo que tuvo el Ministerio del Medio Ambiente durante los dos períodos de Uribe Vélez. “Su administración fue una amenaza real para el tema ambiental. El primer gran daño que hizo fue haber fusionado el Ministerio del Medio Ambiente con el de Vivienda”.
Habla de documentos de la Universidad de Oxford y del gobierno de Holanda que demuestran la decadencia y pérdida de capacidad técnica de esa cartera en la ‘Era Uribe’, y abre la puerta de las suspicacias al señalar que en lo que respecta a las licencias ambientales “tienen ocho funcionarios de tiempo completo y 180 contratistas, muy buena parte de los cuales lo único que aspiran en su vida es ir a trabajar a la Greystar o a la Drummond. La mayor parte no tienen ninguna independencia, simultáneamente son contratistas de empresas privadas y no se sabe qué sombrero tienen. Lo que se debe tener son funcionarios de tiempo completo y dedicación excluida que trabajen con el ‘sombrero’ del Estado. Esa Oficina de Licencias Ambientales es lo menos fiable”.
“Hoy en día no se niega ninguna licencia. Como no se niega ninguna licencia, entonces ustedes ya tienen la respuesta de qué es lo que va a pasar con Santurbán”, acota. Apunta también al debilitamiento profundo que tuvo el Ministerio del Medio Ambiente durante los dos períodos de Uribe Vélez. “Su administración fue una amenaza real para el tema ambiental. El primer gran daño que hizo fue haber fusionado el Ministerio del Medio Ambiente con el de Vivienda”.
Y hay más. Formula una denuncia grave: “Durante los ocho años del gobierno Uribe, el Ministerio del Medio Ambiente en varios casos tomó decisiones por órdenes de la Casa de Nariño”, y relacionó estos casos: la “perversa” Ley Forestal que estaba dirigida a explotar a gran escala el bosque natural —la cual fue declarada inconstitucional— y “con cierta inspiración paramilitar”; se aprobó el Puerto de Palermo, no obstante que el Invemar —que pertenece al Minambiente— dio un concepto negativo; se aprobó el Puerto de Dibulla a pesar del concepto negativo del Invemar y del Instituto Humboldt; se hizo una resolución aprobando el ingreso al país de ciertos desechos tóxicos; se dio visto bueno a la carretera Pereira-Nuquí —que ningún gobierno había querido aprobar por su impacto dañino en el Pacífico colombiano— “y el mismo presidente Uribe vociferó que se iba a construir la carretera del Tapón del Darién, a la que todos los ministros y directores del Inderena siempre nos opusimos”.
Al referirse a la minería de alta montaña y a cielo abierto, dice que “es pura paja eso de que existe la minería ambientalmente sostenible. No la puede haber, porque la minería es una actividad con un enorme impacto, más aún la de cielo abierto. Si uno va al Cerrejón, que hoy en día se propagandea como una gran mina sostenible, sabe que el 20% de unos huecos que parecen cráteres lunares van a quedar abiertos para siempre y que no es posible retrollenarlos. En general la gran minería en Colombia se ha hecho mal, a excepción del Cerrejón y Cerromatoso, para no hablar de la terrible historia del centro del departamento del Cesar”.
